Por medio del viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería se dio a conocer que el gobierno colombiano se retiró oficialmente de la ‘Declaración del Consenso de Ginebra’, en el cual un grupo de treinta naciones expresaban oponerse al aborto, Colombia hacía parte desde mayo de 2022.
Según la profesora Natalia Sánchez, coordinadora del subsistema formación, pedagogía y didáctica del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, esta Declaración es un documento simbólico, sin ningún valor jurídico, además, “es un consenso que genera unos quiebres de lo que conocemos en el multilateralismo como los valores liberales o inclusive los acuerdos internacionales sobre el reconocimiento de la declaración universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
La Declaración del Consenso de Ginebra reconoce que la nación está de acuerdo en que no existe el derecho internacional al aborto y, por ende, no hay una obligación internacional de financiar o contribuir a la interrupción voluntaria del embarazo. “La mayoría de los países que firman esta Declaración son gobiernos no liberales, autoritarios, cuyos líderes han sido acusados de violar los derechos humanos que incluyen la violación sexual, el matrimonio infantil, la esclavitud, entre otros”, menciona la docente Sánchez.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, resaltó que esta declaración no era coherente con el más reciente hecho en que la Corte Constitucional, en un fallo histórico, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. “El Gobierno reconoce, respeta y protege los derechos de mujeres y niñas. De acuerdo con la Constitución y jurisprudencia de la Corte, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de la mujer”, aseguró el ministro en su comunicado.
La profesora Natalia Sánchez dice que este es un gran paso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sin embargo, reconoce que faltan muchos pasos para mejorar. “Una cosa es que la Corte despenalice el aborto, pero la sociedad aún penaliza moralmente estas prácticas”, explica la docente quien comenta que la corte no obliga a nadie a abortar, “lo que hace el fallo es reconocer que hay más de cuatrocientas mil mujeres que abortan en Colombia en condiciones que ponen en peligro su vida y por lo tanto es una responsabilidad del estado proteger a todas las ciudadanas”.
