Es dramático que en pleno siglo XXI, no se comprenda que el tráfico ilegal de aves es un daño ecológico, con un costo socioambiental incalculable, mientras que unos cuantos sujetos buscan su ilegal beneficio económico. Por otra parte, se tiene un espacio económico ambiental de alto potencial, como es el desarrollo del aviturismo tomando como referencia la oferta natural real con que cuenta el país.
Actualmente, Colombia es el segundo país del mundo con 1954 especies de aves, de las cuales 79 especies son endémicas. Además, 140 especies están amenazadas y 56 en riesgo grave de extinción, por actuaciones negativas como la casa, la captura para el mercado ilegal de animales con una tasa de mortalidad en el proceso del 85% y una deforestación promedia de 180.000 hectáreas anuales. Es de anotar que, la riqueza de avifauna de Colombia, tiene al país en el primer lugar en avistamientos con una media territorial que varia de región en región, entre 450 a 550 especies diferentes por registro de avistamiento.
A nivel mundial se estima que 2.5 millones de observadores de aves, tiene en sus planes de corto o mediano plazo visitar Latinoamérica, el mercado nacional gira alrededor de 15.000 avituristas con un aporte económico per cápita entre US$2000 a US$3500 por visita, que representan ingresos para el país, incluido un importante aporte a las comunidades rurales, por cerca de $210.000 millones de pesos. Por otro lado, se estima que el aviturismo favorece la creación de empleo directo e indirecto rural en alrededor de 22.500 empleos con base en el multiplicador laboral nacional.
Por lo tanto, el aviturismo surge como un espacio económico/ambiental aceptable para Colombia debido a su bajo impacto sobre la riqueza en la avifauna. Como consecuencia, debe orientarse hacia el logro del 2% del mercado potencial mundial, alrededor de 50.000 avituristas anuales, con nivel de gasto entre US$3000 a US$45000 incluidos los costos del transporte y alimentación en territorios naturales por espacio de 5 a 7 días. Esta situación podría representar de manera permanente un proceso de distribución de ingreso monetario, favorable para las comunidades rurales e incluso, constituirse en una línea de ingresos para el sostenimiento del sistema de parques nacionales naturales, las ARSC o áreas de reserva de la sociedad civil y las áreas RAMSAR de importancia frente a las migraciones internacionales o locales de aves (SIB, ACO, Mongabay, AUDUBON, GCA)
