Con la propuesta de construir una agenda alimentaria desde y para las regiones, un plan de sostenibilidad alimentaria para el país 2050, en una alianza con al Fundación Monómeros, el diario La Republica y la Universidad de La Salle, hemos recorrido el país, su interior y sus fronteras, conversando, tejiendo historias, identificando alternativas desde los lugares de la existencia para un tema que es vital: La alimentación de las y los colombianos, visualizando los logros, pero también las luchas diarias por encontrar alternativas dignas de vida. Y nos hemos encontrado con un elemento común: la disposición de las y los agentes en los territorios por conversar, por llegar a acuerdos, por construir el presente y el futuro que soñamos (véase www.colombialimentaria.com)
Y es que en estos diálogos no han existido protagonistas, o mejor, todas y todos lo han sido: desde el Ministerio de Agricultura, las secretarías territoriales, gobernadores, alcaldes, gremios, productores agropecuarios, asociaciones de campesinos, familias campesinas o personas del campo que han querido contribuir con este conversar. Las mujeres campesinas han tenido un lugar destacado al igual que la juventud. Ha sido especial y lo digo con enorme alegría, en los distintos foros, estudiantes y egresados de Utopía, esa apuesta de la Universidad de La Salle por formar como ingenieros agrónomos y agropecuarios a las y los jóvenes de la Colombia profunda, estos han mostrado como con capacidades y oportunidades se puede incidir en el campo colombiano, introduciendo las mejores y más avanzadas prácticas en el sector, un programa que cambia personas, pero también familias, comunidades y apoya la construcción de los territorios. (https://www.utopia.edu.co/HomeUtopia)
Estos diálogos que apenas comienzan, y que se espera puedan ser retomados con el gobierno entrante en la construcción de las mesas regionales, van mostrando rutas a caminar, pero que tienen una característica fundamental, se proponen desde la integralidad, es decir, Colombia, en sus territorios, piensa su alimentación desde la producción hasta los más precisos detalles nutricionales. De esta manera, y tal vez como nunca antes, la confluencia de propósitos no solo es una óptima producción, que soporte la demanda interna sino que sea fuente de divisas a través de una amplia oferta exportable, también pasa por todos los componentes de una reforma rural integral, la eficiencia energética, el cuidado de la naturaleza y la equidad socio económica, hasta los elementos que permitan llegar al consumidor final bajo altos estándares de responsabilidad en tanto productos de alta calidad y valor nutricional. Las tareas no serán sencillas, pero el ambiente es propicio para soñar esa otra Colombia posible, donde campo y ciudad sean uno para conformar territorios sostenibles.
Por esto hay que mirar con esperanza esas nuevas apuestas que se proponen para el país, en particular desde los ministerios de agricultura, medio ambiente, educación y salud. Que sean bienvenidas estas instituciones a este diálogo de país. En salud hay varias cosas a resaltar, entre muchas otras, y es primero, la apuesta por llevar salud de calidad a la Colombia profunda, la segunda, la preocupación por una vida saludable en donde los temas de control a las comidas ultra procesadas y a las bebidas azucaradas cobran una importancia fundamental.
Bastante se ha dicho sobre este último tema, aunque no es suficiente y el debate está abierto. Ya en diferentes países de del mundo (73) y de América Latina (21 y en 7 de los estados de EEUU) se ha colocado un impuesto a las bebidas azucaradas, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En Colombia esto no ha sido posible y para ello se han argumentado distintas razones, que van desde su incidencia en la canasta familiar hasta la dependencia e incluso la favorabilidad de su consumo en las áreas rurales por la baja calidad del agua.
La búsqueda de la reducción del consumo de estas bebidas conduce básicamente a tres elementos favorables: primero, es una fuente de ingreso fiscales; segundo, es una vía comprobada a reducir algunos tipos de enfermedades como la obesidad; y tercero, reduce la presión sobre el gasto público en salud. Ahora hay dos tipos de decisiones ante la costumbre de este tipo de bebidas en el consumo diario de las familias:
Uno, ¿cuál es el monto del impuesto que realmente influye para disminuir su consumo? Garay y Espitia plantean que como mínimo debe ser el 25%, otros autores y la evidencia de otros países muestran que incluso puede estar entre el 15% y el 20%, se requerirán de estudios de elasticidades para definir esto en diferentes bebidas e incluso segmentos del mercado para que la decisión se soporte en mayores elementos técnicos.
Dos: en la ruralidad e incluso en las periferias urbanas la falta de agua potable hace recurrir al consumo o bien de agua envasada, que es absurdamente costosa, o bebidas azucaradas que incluso generan algún tipo de dependencia. Así que es la pobreza la que obliga a este gasto y no el que este consumo sea necesario. El reconocimiento del agua potable como derecho si que se convierte en un cambio sustancial a la salud y por ende a la calidad en la alimentación de las personas.
Son diversas las aristas de la sostenibilidad alimentaria, y bienvenidos sean los esfuerzos para que los sistemas alimenticios se fortalezcan y permitan mejorar la calidad de vida de todas y todos, y en particular la salud, donde las campañas por ejemplo contra el alcohol y el tabaco muestran que aún a pesar de lo fuerte de la evidencia, los impuestos y las campañas pedagógicas vienen generando efectos positivos. Probablemente no sean las únicas medidas a tomar, pero la intencionalidad a recorrer estos caminos para la sostenibilidad alimentaria y con ella la salud de las y los colombianos, es algo no solo a celebrar sino a invitar para trabajar mancomunadamente.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
