El 21 de febrero la Corte Constitucional reconoció el poder de decisión de las mujeres colombianas para optar de manera autónoma sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta la semana 24, sin que por ello sean castigadas legalmente. Abordamos este tema con la docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible, Suelen Castiblanco y docentes que integran el proyecto de investigación Amores y sexualidades de otro modo: Maribel Florián, Marcela Bueno, Andrea Jiménez, Gerardo Vélez, Natalia Sánchez y Clara Carreño.
El histórico fallo de la Corte es producto de la demanda que interpuso el movimiento Causa Justa para eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano. Con ello se da relevancia a la autonomía de las personas gestantes para decidir sobre su maternidad, ampliando los márgenes de la democracia, la ciudadanía y disminuyendo las prácticas discriminatorias que afectan en esta situación particularmente a las mujeres.
El grupo docente que lidera el proyecto de investigación sugiere que para entender el fallo hay que hacer dos distinciones: la primera es que la despenalización del aborto no crea la práctica del aborto, al contrario, la práctica del aborto existe desde hace siglos en todos los contextos y, al estar penalizada, obliga a cientos de miles de mujeres al año en Colombia a acceder a estos procedimientos de manera clandestina, la mayoría de los cuales ponen en riesgo su vida y su integridad, lo que se ha constituido en un problema de salud pública y en suma, el delito no termina previniendo la práctica. Lo anterior provee a las mujeres un marco de protección para no morir por abortar, ejercer su derecho a la salud autónomo, con calidad y sin miedo a ser denunciadas. La segunda distinción es considerar que este fallo subraya la responsabilidad de un estado democrático con la defensa de la vida, la integridad y las libertades de las ciudadanas ya reconocidas en cuanto tales. Y es que en relación con este tema ha habido históricamente un tutelaje sobre el cuerpo de las mujeres, una intervención indebida en las libertades que tienen de decidir sobre su vida, y eso es lo que empieza a corregirse con este tipo de fallos.
El fallo convoca a la sociedad colombiana a dar un paso a favor de la garantía de los derechos de las mujeres, es un avance adicional a lo que se había logrado con la sentencia C-355 de 2006, en tanto se logra el respaldo legislativo para poner en tensión los códigos culturales que imperan sobre el mandato de la maternidad, el poder sobre el cuerpo de las mujeres, y la naturalización de las violencias basadas en género.
Agrega la docente Suelen Castiblanco que, “hay un trabajo que se publicó en el libro Freeconomics donde sus autores documentan qué pasó en Rumania después de la aprobación del aborto y lo que muestran es que condujo a una reducción de la violencia callejera común y se produjo un aumento de las tasas de escolaridad de las mujeres. A largo plazo si podríamos ver la reducción de baja escolaridad materna, así como mujeres que en condiciones de violencia no deban quedarse solas con hijos no deseados, así las cosas, podrán tener una mejora en sus condiciones de vida”.
Por supuesto, existen otras miradas y perspectivas que, en el caso de las Instituciones de Educación Superior, también están referidas a sus raíces identitarias. En este sentido, compartimos también los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal de Colombia y de la Red de Universidades Católicas de Colombia.
Descargue aquí el comunicado de los Obispos de Colombia: ¡Recurramos todos a la solidaridad creativa en favor de la vida!
Descargue aquí el el comunicado de la Red de Universidades Católicas de Colombia: Nada de lo humano nos es ajeno, mucho menos la vida.
