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Análisis de la Ley de Solidaridad Sostenible

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El pasado 5 de abril de 2021 el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de la República el proyecto Ley de Solidaridad Sostenible que tiene como propósito financiar, en parte, el gasto público del país, enfrentar el endeudamiento generado por la pandemia y darle continuidad a los programas sociales que benefician a los sectores en pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, la forma a través de la cual se daría solución a estas problemáticas impacta de forma directa a la clase media del país en aspectos tributarios y fiscales.


Los puntos más criticados de este proyecto de ley son los impuestos que tendrán algunos sectores de la economía y la ampliación de la base de personas que deberán de declarar renta a partir del 2022. Para el profesor Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de Unisalle, esta propuesta llega en un mal momento del país: la sociedad se encuentra inmersa en una crisis social, económica y política; representada en las altas tasas de desempleo, un aumento en la desigualdad y la estrepitosa caída del crecimiento económico, así que este proyecto de ley no favorece a la llamada clase media que, en su mayoría, es la población trabajadora del país.


Según Rendón, “este proyecto de reforma no va a mejorar del todo al país sino que podría conllevar a que la diferencia entre pobres y ricos sea cada vez mayor, eliminando a la clase media; por ejemplo, una persona que se gana 4 salarios mínimos dejará de ahorrar dado que tendrá que declarar y pagar renta y adicional, deberá ampliar su presupuesto mensual para pagar IVA en ciertos productos de consumo diario como la gasolina, los huevos, la leche y algunos servicios públicos, así que, si bien la reforma podría mejorar las condiciones de la población más pobre, generará impactos significatiovos en las capas media de la sociedad. Sin embargo, si bien la tributación en Colombia se debe reformar de manera estructural, ante la coyuntura no es el único camino que tiene el gobierno para ayudar a esta población, como medida de emergencia se podrían congelar los beneficios entregados en la refiorma pasada que podrían significar para el año próximo recursos por 13 billones de pesos.


Una de las alternativas que propone Rendón en términos fiscales y tributarios es realizar una nueva tributación que se enfoque en ser justa, equitativa y verde, que conduzca a un gran pacto social por una nueva tributación; así se podrían priorizar las necesidades de las poblaciones más pobres partiendo de la captación de recursos a través de estrategias más equilibradas como un reajuste del impuesto a la tierra y en general a la gestión predial, una mayor tributación para las personas de más altos ingresos, incluyendo el reajuste a la renta por dividendos, la revisión de las zonas francas, el pago sobre patrimonios en paraísos fiscales, y un examen exhaustivo de las exenciones existentes, adicionalmente a unos estrictos programas de control de gasto público y el enfrentar la corrupción que hoy le significa al fisco colombiana perder recursos por más de 50 billones de pesos, entre otros. 

 

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